Operación Océano: Explotación sexual en Uruguay

16hombres fueron formalizados por explotación sexual de adolescentes en la denominada Operación Océano. La trascendencia pública de este caso abrió debates sobre la impunidad con la que operan estas redes, la desprotección de las víctimas y el rol de los medios y la sociedad a la hora de abordar la problemática. 87

¿Cómo se sostiene la explotación sexual en Uruguay?

En el marco de la llamada Operación Océano, 16 hombres fueron formalizados por explotación sexual de adolescentes: Washington Balliva, exjuez; Nicolás Ortiz, docente; Miguel Ángel Larramendi, abogado y exasesor de la Ursea; Mauricio Zardo Cabrera, arquitecto; Nicolás Chírico, organizador de fiestas; Manuel Nande Bagnulo, empresario; Leonel Enrique D’Albenas, escritor y fotógrafo; Matías Sosa de León, empresario; Ariel Pfeffer, empresario; Diego Susena, candidato a la Junta Departamental de Montevideo por el Partido Nacional; Jacques Paullier Symonds; Gonzalo Passos Gómez, docente; Elbio Dante González Pastorino, odontólogo; Claudio Alberto Buzzi Sosa, maestro; Leomar Goldoni, ingeniero y gerente general de Saman; Sergio Daniel Opiolo de Arteaga, psicólogo. Hay más hombres siendo investigados por el caso, aseguró la fiscal Darviña Viera.

Este caso llegó a la Justicia luego de que apareciera el cuerpo de Aldana Bonsignore en el arroyo Solís Chico, una adolescente que había desaparecido unos días antes. Al investigar el hecho se descubrió que Aldana había denunciado en noviembre de 2019 a Washington Balliva, exjuez de menores, por explotación sexual, pero no sucedió nada con su denuncia en ese momento.

La explotación sexual comercial es un delito que sucede a diario y se sostiene porque, como dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es “un negocio altamente lucrativo”. Es un tipo de violencia sexual que “se basa en la dominación de los varones adultos sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes”, demuestra una relación de poder, subyugación, y constituye una grave violación de los derechos humanos.

Explotación sexual infantil-adolescente

Las personas menores de edad, de acuerdo a la ley 17.815 que rige en Uruguay, no pueden dar su consentimiento en relaciones sexuales con personas mayores.

Que una persona de menos de 18 años tenga una vida sexual activa con sus pares no significa que no configure explotación cuando hay un hombre mayor de edad, a veces incluso del doble de su edad, involucrado. Desde el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la niñez y la adolescencia (Conapees) aseguran que esta justificación legitima el accionar de los explotadores y colabora a que estas tramas delictivas se sostengan con impunidad.

De acuerdo a datos de la OIT, en la mayoría de los casos las víctimas son adolescentes de sexo femenino (los datos se desagregan por sexo, no por género) de entre 14 y 17 años.

En 2015 la OIT estimó 650 casos anuales en Uruguay, considerando un subregistro del entorno del 50%. Es decir, a la certeza de 390 casos denunciados le sumaron 259 casos en los que tenían fuertes sospechas.

Conapees recibe alrededor de 350 denuncias por año según cálculos de 2015-2019, pero el presidente, Luis Putscher, también asegura que hay un subregistro.

De acuerdo a Unicef, hay varios factores que impiden la denuncia. Los explotadores suelen estar en posiciones de poder, las víctimas no tienen forma de acceder a los mecanismos estatales de ayuda, orientación o denuncia, no hay redes de contención o el explotador utiliza el miedo y la violencia para que no se denuncie.

Hay distintas modalidades de explotación sexual infantil: actos sexuales con remuneración o promesa de remuneración (no solo en efectivo, puede ser en especias, comida, techo), utilización de imágenes en material pornográfico, fiestas o espectáculos sexuales públicos o privados, turismo sexual, parejas y matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual.

Explotación sexual de personas mayores de edad

Si la persona es mayor de edad, probar la explotación sexual es difícil, aseguran desde el colectivo Dónde están nuestras gurisas. En diálogo con Caras y Caretas, explicaron que en muchos casos las denuncias no prosperan, las familias se quedan esperando muchos años e incluso se les solicita aportar pruebas para que el caso salga de algún cajón donde quedó olvidado.

Esto, aunque sucede sin importar la edad de la persona, es más complejo cuando la mujer desaparecida es mayor de edad, porque se entiende que la ausencia, como la llaman desde los organismos del Estado, puede ser voluntaria. Si las familias saben que la mujer estaba en una situación de explotación, afirman desde DENG, pero esos elementos no los toma Fiscalía, no cuentan como pruebas de desaparición por causas ajenas y los casos quedan en suspenso.

Sandra Cortazzo desapareció el 20 de abril de 2008 en Pando. Los vecinos de esa localidad le contaron a los policías del caso que Sandra estaba siendo explotada sexualmente en el parque de Pando y su explotador-proxeneta era un hombre llamado Joselo. La familia de Sandra nunca supo el apellido de este hombre, solo que es conocido en la zona, que Sandra y su hijo vivían con él y sufrían violencia de género y doméstica.

La hermana de Sandra contó a Caras y Caretas que la madre de ellas hizo la denuncia y en el momento declararon vecinos, amigos y la familia. El hijo no declaró porque en ese momento tenía 8 años. Los vecinos “apuntaron a Joselo” y junto con la familia insistieron con su culpabilidad a la policía, que, según la hermana de Sandra, sabía del hombre, de los lugares donde el delito sucedía y de sus actitudes violentas. Lo llamaron a declarar, pero no dijo nada y lo dejaron ir.

Hace unos meses la hermana de Sandra se comunicó con Interpol para hacerse la prueba de ADN, una oportunidad reciente para que familiares de personas desaparecidas puedan dejar información genética que se compara con cuerpos no identificados. Le comunicaron que la encargada no estaba en ese momento, que dejara su teléfono y la llamaban, pero pasaron 9 meses y no la han llamado.

Probar la explotación sexual es todavía más difícil cuando el delito sucede en el mismo espacio en el que hay trabajadoras sexuales registradas. En el caso de las personas menores de 18 años, aunque siempre configura explotación sexual, la dificultad pasa por la ausencia del Estado en esos espacios, ya que operan, al menos en apariencia, en un marco de legalidad.

A veces la figura del proxeneta, ilegal en Uruguay, aparece con límites borrosos. De acuerdo a un trabajo del investigador Pablo Guerra, en el que entrevistó a 188 trabajadoras sexuales, 92% de las que están en casas de masajes y 78% de las que están en whiskerías aseguraron tener que cumplir horarios (multa mediante en algunos casos si no lo hacen) y el 7% del total de entrevistadas confirmó no tener posibilidad alguna de negarse a “atender a un cliente”.

En Uruguay la explotación sexual está catalogada como delito en las leyes 19.643 de combate a la trata de personas y en la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género.

Explotadores

Sin demanda (explotadores), no hay explotación sexual. Los explotadores son, en su mayoría, hombres. No tienen un perfil definido, según varios estudios de Unicef, la OIT y Conapees. Tienen distintos niveles socioeconómicos, profesiones, estudios. Suelen tener poder y estar insertos en la sociedad.

En el manual para el abordaje de la explotación sexual elaborado por Conapees-INAU se asegura que “los hombres no parecen -en su mayoría- hacerse cargo del rol protagónico que tienen en la existencia de la explotación sexual de niñas, niños, adolescentes, ni siquiera se reconocen como protagonistas. El fenómeno continúa estando ‘naturalizado’, la sexualidad continúa entendiéndose, desde los varones, de modo que la mujer es un cuerpo al servicio del deseo del otro”.

El principal mito sobre los explotadores sexuales es que son enfermos psiquiátricos, un dato que no condice con la realidad y que, además, estigmatiza las enfermedades mentales, igualándolas a hechos delictivos.



Hay diferentes clases de explotadores en la trama del delito. Unicef los divide, para el caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en:

Explotador-cliente: el que, mediante un pago en efectivo o en especie, tiene una relación sexual con una persona menor de 18 años.

Explotador-proxeneta: el que compromete, seduce o sustrae a un niño, niña o adolescente para entregarlo a otro con el objeto de tener una relación sexual mediante pago. El proxeneta pone a las niñas, niños, adolescentes a disposición de los explotadores-clientes para la explotación sexual. Busca obtener la totalidad o una parte del pago efectuado por el explotador-cliente.

Explotador-intermediario: el que facilita el contacto entre explotador-cliente y el explotador-proxeneta.

Para los casos de explotación sexual de mayores de 18, los tipos se mantienen: el explotador-cliente es el que sostiene la trama de la explotación a través de la “adquisición del servicio” que le “provee” una mujer que está siendo explotada por un proxeneta.



Cultura de la violación

Todo este sistema se sostiene en la llamada “cultura de la violación”, explica la magíster en Género y Políticas de Igualdad y directora de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana. La sexualización de personas menores de edad, la legitimación de conductas violentas, el refuerzo de valores negativos asociados a la masculinidad, la justificación del delito por determinadas características personales o acciones de la víctima.

Unicef identifica, además de los explotadores, otros actores que pueden convertirse en responsables indirectos de la explotación sexual por no tomar las acciones correspondientes para evitarla o por tolerarla: funcionarios públicos, funcionarios de organizaciones no gubernamentales, prestadores de servicios y la población en general.

Compartir fotos, videos o cualquier tipo de material que sexualice a menores de edad o legitime la explotación sexual ayuda a construir impunidad. Está comprobado por los organismos internacionales que abordan este delito que la colectivización de lo pornográfico “tiene efectos excitantes, generando mayor demanda pedófila”.

Putscher aseguró que la explotación sexual se sostiene en una cultura transversal de aceptación, justificación e impunidad.

Es interesante marcar que cuando a una persona le roban alguna pertenencia de su propiedad es poco común escuchar que se lo merecía por tenerla, que algo habrá hecho para que se la roben. Se entiende simplemente que fue víctima de un delito y se utiliza el término víctima no como una definición de su persona, sino como el efecto de una situación puntual que excede su voluntad.

Cuando un niño, niña, adolescente o mujer es explotado sexualmente, en cambio, sí es común que la gente aluda a su vida sexual, a sus actividades, a su vestimenta, a su entorno social o familiar y construya así un discurso que pone el foco del delito en la víctima (que deja de ser sujeto activo y pasa a ser víctima como sustantivo totalizador) y se olvida por completo de los explotadores.

Esto permite, además, que permee el discurso que los propios explotadores sostienen para justificarse. Según el informe de INAU, lo que más dicen los explotadores condenados es que no sabían que la persona era menor (incluso en casos en los que hay pruebas de lo contrario, como en la Operación Océano).

También afirman “ella lo necesita y yo la ayudo”, en un claro aprovechamiento de cierta situación de vulnerabilidad en la que la menor necesita algo (comida, ropa, seguridad) y la ayuda no consiste en darle eso sin más, sino en exigir sexo para dárselo.

Podemos empezar a deconstruir la impunidad y demostrar que como sociedad no toleramos la explotación sexual a través de, por ejemplo, cambios discursivos. La ONG Voz y Vos recomienda cambiar la expresión cliente por explotador, intermediario por proxeneta, niña/niño/adolescente prostituta/o por explotada/o sexualmente, joven/jovencita/mujer joven/mujer menor de edad por niña/niño/adolescente y erradicar por completo la expresión prostitución infantil porque es explotación sexual.

“Dejemos de mirar a las gurisas paradas en la vereda y empecemos a mirar las chapas de los autos que frenan”, en palabras de Tuana.



Servicios de atención estatal

Es responsabilidad de toda la población estar alerta y ayudar. En este panorama de silencio e impunidad, es importante recordar que existen espacios seguros para las personas que están siendo víctimas de explotación sexual, que se puede denunciar y que hay gente dispuesta a escuchar y a acompañar sin juzgar.

Para denunciar una situación de explotación sexual infantil: 0800 50 50, línea Azul del INAU, o por la página web del Ministerio del Interior.

Para denunciar una situación de explotación sexual de personas mayores de 18 años: Fiscalía, comisarías, unidades de violencia basada en género, por teléfono al 911 o por la página web del Ministerio del Interior.

COMUNICADO DE LA INTERSOCIAL FEMINISTA 

FUENTE: DE CARAS Y CARETAS